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Juez admite demanda de amparo de campesinos por omisiones relativas a la Ley de Fomento y Protección del Maíz de Tlaxcala

  • La Ley busca proteger a la milpa y al maíz, pilares de la forma de ser indígena y campesina, así como de la gastronomía mexicana.

  • La omisión de la autoridad fomenta el avance de la agricultura agroindustrial que ocasiona daños sociales, ambientales y culturales.

    El pasado 18 de abril, campesinos y campesinas de diferentes municipios del estado de Tlaxcala interpusieron demanda de amparo en contra del Gobernador, el Congreso del Estado y la Secretaría de Fomento Agropecuario, todos de Tlaxcala, por las omisiones respecto de la Ley de Fomento y Protección del Maíz. En específico, reclamaron el incumplimiento de las autoridades de diseñar y expedir un Programa Estatal de Semillas de Maíz, así como de asignar una partida presupuestaria específica, en violación a su derecho a la alimentación en su dimensión de soberanía alimentaria, a un medio ambiente sano, a la identidad cultural, y a la participación en asuntos públicos.
    El objetivo de dicha Ley es proteger uno de los pilares sobre el que se reproducen las formas de ser y estar indígena y campesina, es decir la milpa y el maíz. En México, la milpa es el agroecosistema biocultural más importante porque constituye la base para la alimentación de las familias campesinas e indígenas y el espacio donde se genera la rica gastronomía mexicana. En la milpa se expresan y ejercen importantes derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas como son: (1) el derecho a la identidad cultural, (2) el derecho al territorio y a los recursos naturales tradicionalmente manejados, (3) el derecho a la alimentación adecuada, (4) el derecho a la salud y (5) el derecho a un medio ambiente sano.
    Hay que recordar que el 18 de enero de 2011 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala la Ley de Fomento y Protección al Maíz como patrimonio originario, en diversificación constante y alimentario, para el estado de Tlaxcala, en la cual se estableció la obligación de expedir un Programa Estatal de Semillas de Maíz con el objetivo de: a) que todas y todos los campesinos, en condiciones de equidad, pudieran acceder a las semillas de maíz criollo; b) promover prácticas encaminadas a proteger el maíz criollo, así como erradicar aquellas que vayan en contra de esto; c) garantizar que las y los campesinos que han trabajado el maíz criollo puedan ser eficientes, productivos y competitivos; d) asegurar la continuidad del maíz criollo, fomentando su biodiversidad y sanidad; y e) buscar la distribución de las semillas criollas así como de los insumos bajo la perspectiva agroecológica. A pesar de tal obligación, las mencionadas autoridades han sido omisas en su cumplimiento.
    Ante ello, con la asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), el Grupo Vicente Guerrero y el Grupo Local de Incidencia Política Tlaxcallan (GLIP-T), campesinos y campesinas interpusieron demanda de amparo, la cual fue admitida el pasado 20 de abril por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala.
    El sistema milpa y la agricultura tradicional se ven actualmente gravemente amenazados por el modelo de producción agroindustrial impulsado por el Estado mexicano, el cual ha promovido la sustitución de semillas nativas, abonos y técnicas de cultivo tradicionales por semillas comerciales, insumos sintéticos (fertilizantes químicos, pesticidas), mecanización y monocultivo, al mismo tiempo que destina la gran mayoría de los recursos públicos en programas que fomentan la agroindustria, provocando erosión social, cultural y ambiental en gran parte de las regiones del país.
  • Con este amparo se busca que la autoridades cumplan con sus obligaciones de derechos humanos a través del establecimiento de políticas públicas agrícolas, en específico sobre el maíz criollo, que realmente se ajusten al modelo de agricultura tradicional y agroecológico que campesinas y campesinos en Tlaxcala practican, diseñándolas de la mano de ellos, y garantizando que sean ambiental y culturalmente adecuadas“, señaló Ximena Ramos, abogada del CEMDA.

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