Combustóleo y carbón: los combustibles más contaminantes, los preferidos de la reforma eléctrica

* La iniciativa de reforma prioriza la quema de carbón y combustóleo por la Comisión Federal de Electricidad antes que los derechos humanos a un medio ambiente sano y a la salud, consagrados en el artículo cuarto constitucional * De aprobarse la iniciativa de reforma, una de sus implicaciones sería un incremento en la quema de carbón y combustóleo, los combustibles más contaminantes, causantes del cambio climático y peligrosos para la salud y el ambiente * México requiere urgentemente de políticas energéticas coherentes que respondan a la crisis climática global y social, no un sistema energético basado en combustibles fósiles * La reforma eléctrica debe colocar a los derechos humanos, el bienestar de las personas, el cuidado del ambiente y el combate al cambio climático en el centro y garantizar una transición energética justa y socialmente incluyente.

En caso de ser aprobada, la iniciativa de reforma eléctrica enviada al Congreso por el Ejecutivo Federal el 1 de octubre afectaría el derecho humano a la salud, a un medio ambiente sano y a la participación. Igualmente, alejaría al país de cumplir sus metas nacionales de transición energética y acuerdos climáticos internacionales en un contexto donde la política climática del país ya ha sido catalogada como altamente insuficiente ^[1].

Si se aprueba esta reforma, debido al freno súbito que se ha puesto a las energías renovables, México se convertirá en el primer país del G20 que en los hechos incumple con las metas presentadas ante el Acuerdo de Paris.

La iniciativa busca reformar la Constitución y regresar el monopolio del sistema eléctrico nacional a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), garantizándole un 54% de la generación, desapareciendo los órganos reguladores, haciéndola única compradora, comercializadora y suministradora de energía eléctrica y convirtiéndola en operadora del mercado eléctrico, generando incertidumbre a los posibles participantes del 46% del mercado restante, por la falta de mecanismos de transparencia y regulación para la participación en este sector.

Adicionalmente, se modifica el despacho de energía eléctrica para dar prioridad a las plantas de la CFE que utilizan combustibles fósiles dañinos como el carbón y el combustóleo, convirtiendo a la CFE en juez y parte en el orden del despacho de la energía.

Conforme a las propuestas previas de la actual Administración Federal sobre confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico, las energías renovables no son consideradas como prioritarias en el despacho, pese a que su operación no genera emisiones de gases de efecto invernadero, a que existen soluciones técnicas para su variabilidad y a que pueden ser generadas en el mismo sitio de consumo y por las mismas personas que la requieren, lo que ayudaría a reducir la pobreza energética en algunos pueblos y comunidades.

Por lo tanto, priorizar la generación de electricidad de las plantas de CFE implica garantizar la quema de más carbón y combustóleo de manera indefinida, y el desarrollo de nueva infraestructura fósil de gas, que nos ataría a las importaciones de gas estadounidense o al desarrollo de proyectos de fracking en el norte del país con los consecuentes impactos sociales y ambientales negativos.

El incremento de precios de la energía eléctrica, afectaciones a la salud de las personas, contaminación de las fuentes de agua, empeoramiento de la calidad de aire en diversas zonas del país, son solo algunos de los efectos directos de la iniciativa de reforma eléctrica.

Las centrales de generación eléctrica con combustibles fósiles de la CFE han afectado impunemente el derecho humano a la salud de las personas que habitamos este país y sus ecosistemas durante décadas.

Quemar carbón y combustóleo implica emitir gases y compuestos tóxicos como el dióxido de azufre, material particulado, óxidos de nitrógeno, mercurio, plomo, entre otros que dañan la salud de las personas y contribuyen al alza en enfermedades respiratorias y al incremento en muertes prematuras por la mala calidad del aire.

Las comunidades cercanas a las centrales termoeléctricas de carbón y combustóleo son aquellas que sufrirían directamente los impactos negativos de esta reforma; indirectamente, todas las personas padeceremos la agudización de los efectos del cambio climático. En el caso del carbón, la contaminación por su combustión expone a más de 540,000 personas a vivir con niveles de contaminación que exceden los límites de la Organización Mundial de la Salud. Se estima que 7 millones de muertes ocurren cada año debido a la contaminación atmosférica.

A pesar de ser poco ambiciosas, México no logrará cumplir con sus metas climáticas establecidas en acuerdos internacionales y en la legislación nacional si mantiene y prioriza la generación de energía eléctrica con carbón y combustóleo, y afectará el derecho humano a un ambiente sano. En este sentido, la iniciativa de reforma eléctrica es un retroceso, una regresión en nuestras acciones dirigidas a cumplir con las metas climáticas y de transición energética.

La actual iniciativa de reforma concentra nuevamente todas las decisiones en el Estado y obstaculiza el derecho humano a la participación ciudadana, reconocido en el Acuerdo de Escazú. Para enfrentar la crisis climática, tenemos que cambiar la forma de generar, consumir y decidir sobre el sistema energético nacional y transitar más allá de los combustibles fósiles y de la centralización de las decisiones del sector.

Una transición energética justa implica la democratización del sistema energético, donde se integren todas las voces y se fomenten distintos esquemas de propiedad, desde lo colectivo hasta lo estatal. También implica que se haga justicia por los impactos sociales y ambientales pasados y presentes de la industria eléctrica y garantizar los derechos de las generaciones futuras. La posibilidad de participación de los distintos actores, consumidores y generadores en el futuro del sistema energético se ve limitada con la propuesta de reforma.

Se hace un llamado para que la reforma eléctrica responda a los retos mundiales y nacionales actuales, que se lleve a cabo a través de un diálogo amplio con todos los sectores de la sociedad, con especial atención en las comunidades vulnerables. La reforma eléctrica debería plantear una transición energética justa, incluyente, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, que enfrente a la crisis climática, que busque el bienestar, salud y vida de las personas y que asegure el cuidado del medio ambiente. Si en verdad nos importa el bienestar de las personas, el combustóleo, el carbón y el gas no pueden ser parte de nuestro futuro energético.

Finalmente cabe recordar que esta propuesta de reforma se suma a otros grandes pendientes en la política y normatividad mexicana en materia de cambio climático y de emisiones con graves impactos a la salud. Destaca la no publicación de una norma de límites de dióxido de carbono a la nueva flota vehicular (Norma Oficial Mexicana, NOM-163) y la suspensión de la NOM 044 que establece los límites máximos de emisión de contaminantes de vehículos pesados nuevos, que incluye una mayor penetración de diesel de ultrabajo azufre.

Estas ausencias comprometen, aún más, los esfuerzos de México para atender la crisis climática y la posibilidad de incrementar la ambición en la contribución nacionalmente determinada (NDC) tras la suspensión definitiva de la NDC de 2020 por su regresividad. La crisis climática, pone en riesgo a cientos de miles de personas, especialmente a aquellos grupos menos responsables de las emisiones y tradicionalmente excluidos, como las personas viviendo en la pobreza y marginación.

Organizaciones firmantes: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA), Colectivo Ecologista Jalisco A.C., Colima 2030, Conexiones Climáticas A.C., Greenpeace México, Iniciativa Climática de México (ICM).

^[1] Climate Action Tracker (2021) https://climateactiontracker.org/countries/mexico/