Piden abogados su investigación, pues causan detrimento a la impartición de justicia
Playa del Carmen.- La Barra de Abogados de la Riviera Maya A.C presentó un oficio de queja ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, a través del cual, refieren sobre irregularidades encontradas en la impartición de justicia en ambas representaciones del Poder Judicial y exigen se investigue.
En el escrito dirigido al doctor Raciel López Salazar, Fiscal General del Estado, y al maestro Heiden José Cebada Rivas, Magistrado Presidente, señalan que actualmente existe una preocupación de la sociedad por la falta de certeza y seguridad jurídica en el Estado de Quintana Roo, en materia de procuración e impartición de justicia, ya que han recibido quejas y señalamientos de los ciudadanos, de que la Fiscalía General de Estado y jueces están coludidos para seguir con viejas prácticas de corrupción.
“La Fiscalía General del Estado sigue plagada de errores, excesos, arbitrariedades e ilegalidades, provocadas por directores y coordinadores, porque abusaron y siguen abusando de sus funciones, permitiendo que los agentes del ministerio público, en coparticipación de algunos jueces, estén realizando un sinfín de actividades contrarias al debido proceso”, señala el oficio.
En conferencia de prensa, celebrada este miércoles, Leopoldo Cruz Navarro, presidente de esta organización que agrupa a un importante colectivo de abogados litigantes, acompañado de los licenciados Wendy Elizabeth Flores Salas y Javier de Anda Morales, y el ciudadano Sebastián Balam Campos, expuso los detalles de estas irregularidades.
El presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya afirma que se siguen dando actos de corrupción, aun cuando se dio el relevo en la fiscalía, asumiendo la posición de Fiscal General, Raciel López Salazar.
Cruz Navarro ejemplificó situaciones como las que ocurren en un hecho de tránsito, -aunque por Ley, ya no es necesario el encarcelamiento, mientras que se acredite el arraigo del inculpado o inculpada-, pero para dar cumplimiento a la liberación, los empleados de la Fiscalía les están pidiendo de 15 mil a 30 mil pesos a los presuntos responsables y si no los pagan, les pueden retener hasta 48 horas.
Expuso que en el mencionado escrito señalan la forma de proceder de los funcionarios, sobre todo en la revictimización de las mujeres afectadas en carpetas judiciales de cualquier tipo de violencia, así como la dilación en la asignación de fechas de las audiencias y lo que es peor, para desahogar las actuaciones que se requieren, así también, en el caso de aseguramientos de bienes muebles, ya que, para devolverlos piden dinero.
También señalan la afectación que les están causando a las mujeres víctimas de violencia, con la forma de proceder del personal del Centro de Justicia de la Mujer, en donde, solo les “dan vueltas” a las carpetas de investigación, para cansar a las víctimas, mismas carpetas que son iniciadas, pero por falta de integración, no son judicializadas.
Tampoco funciona la casa de emergencia, porque según dicen, los que están a cargo, que no tienen personal y se niegan a darle resguardo a la víctima de violencia intrafamiliar, obligándola a regresar al sitio en donde se le violentó.
Por este motivo, el ciudadano Sebastián Balam Campos, relató ante los medios de comunicación, el calvario que ha vivido a lo largo de 2 años, en la carpeta de investigación por estupro y corrupción de menores, en la que su hija es la víctima, ya que al fijar fecha de audiencia para el desahogo de pruebas o demás, estas tardan varios meses, lo que evita que la justicia sea pronta y expedita.
