Que todavía hay desconocimiento de las autoridades sobre la violencia vicaria, por lo que exhortan al presidente del Tribunal Superior de Justicia que actualice los criterios
Playa del Carmen.- Desde que fue publicada en el Periódico Oficial la reforma que tipifica a la violencia vicaria, ya han sido interpuestas en este municipio 10 denuncias penales por este delito, aunque todavía predomina el desconocimiento de estos cambios y la falta de perspectiva de género, e incluso la corrupción y mala praxis, por jueces, fiscales y abogados.
Así lo acusó hoy un grupo de mujeres, pertenecientes a diversos colectivos defensores de derechos humanos, así como víctimas de este tipo de violencia, en el que una expareja sustrae a los hijos como manera de castigar a la mujer.
Amira Cárdenas, integrante del Frente Nacional Mujeres, reveló que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación difundió las obligaciones de las personas operadoras de justicia, frente a la violencia vicaria, incluida la atención a madres y víctimas.
Los magistrados allí indicaron que este delito es atravesado por todas las violencias, en especial la económica y patrimonial.
Pese a ello, abundan los expedientes que no avanzan y las instancias de gobierno en donde las mujeres siguen pidiendo justicia, pues sufren violencia institucional, debido a menudo al poder económico o político de su agresor.
Incluso vienen hombres de otros estados a Quintana Roo a ingresar procesos para exigir custodia y así regresar a Yucatán o Campeche con policías para arrebatar a estos niños.
Ariadne Song Anguas, integrante de la Red de Víctimas Quintanarroense, señaló que todavía hay desconocimiento de las autoridades sobre la violencia vicaria y son muchos los fiscales que se rehúsan a aceptar las denuncias y buscan, en su lugar, encuadrar los hechos como violencia familiar.
La chetumañela indicó que es importante certificar a los abogados para que estén capacitados en perspectiva de género, derechos humanos y atención de víctimas, pues abunda la mala praxis en estos casos.
Los jueces también parecen ignorar el derecho de los niños de convivir con su familia, pues no les dan siquiera convivencia supervisada con sus madres.
Exhortó a Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo a que actualice los criterios, pues existe mucho retraso en la impartición de justicia en la entidad.