Ana Lorena, Marcela y Mercedes, fueron sujetas a una investigación indebida y a espionaje por parte del Estado mexicano
MÉXICO – Las autoridades de México utilizan el sistema de justicia penal para investigar y espiar a mujeres defensoras de derechos humanos, denunció la organización Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado este martes 21.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de AI México, dijo al presentar el reporte que “desde Amnistía Internacional hemos advertido con alarma y en diversas ocasiones, que en México vivimos una grave crisis de derechos humanos”.
“En este contexto, el caso de Ana Lorena, Marcela y Mercedes es emblemático por la forma en que el Estado mexicano usa el sistema penal de manera arbitraria para perseguir a las personas defensoras, amedrentarlas y criminalizarlas”, agregó.
Motivan la denuncia los casos de la abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropóloga forense Mercedes Doretti, recogidos en el informe “Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México”.
Las tres “fueron sujetas a una investigación indebida y a espionaje por parte del Estado mexicano por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro”, según el reporte.
La intervención de las autoridades se dio sin que contaran con evidencias suficientes que mostraran la relación de las tres defensoras con alguno de los delitos referidos, asevera AI.
Delgadillo Pérez es fundadora de la no gubernamental Fundación para la Justicia en México, e integra el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Turati, del sitio periodístico “A dónde van los desaparecidos”, es autora del libro “San Fernando, última parada”, sobre los secuestros en esa pequeña ciudad del nororiental estado de Tamaulipas.
Doretti es una antropóloga forense argentina, integrante del equipo investigador de la desaparición de 43 estudiantes normalistas, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en Ayotzinapa, en el sudoccidental estado de Guerrero.
La investigación y el espionaje ocurrieron cuando las defensoras trabajaban, desde sus distintas disciplinas, para esclarecer las masacres de personas de diversas nacionalidades halladas en agosto de 2010 y abril de 2011 en la pequeña ciudad de San Fernando, en el nororiental estado de Tamaulipas.
Aunque la investigación y el espionaje datan de 2016, a la fecha se desconoce si continúan. Las pesquisas estuvieron a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, una dependencia de la Procuraduría (ahora Fiscalía) General de la República.
Esa incertidumbre, que se mantiene desde hace ocho años, “ha puesto a las tres defensoras de derechos humanos en una situación de indefensión, pues existe la amenaza de que continúe el uso indebido del sistema de justicia y sean investigadas sin que se garanticen las normas básicas del debido proceso”, según AI.
“Con estas acciones persecutorias, las autoridades mexicanas generan temor no solo a las tres mujeres defensoras, sino también a otras personas defensoras de derechos humanos que están en todo su derecho de contribuir con su trabajo a la vigencia de los mismos”, sostuvo Olivares Ferreto.
El informe insiste en señalar que en México “se ha instaurado la práctica de usar el sistema penal de manera arbitraria contra personas que denuncian violaciones a derechos humanos, que las investigan y que acompañan a las víctimas de esas violaciones en su búsqueda de justicia, verdad y reparación integral del daño”.
En sus conclusiones, AI recomienda “detener cualquier investigación, espionaje e intento de acción penal arbitraria en contra de Ana Lorena Delgadillo Pérez, Marcela Turati Muñoz y Mercedes Doretti”.
Asimismo, frenar los mensajes y acciones que criminalicen y desacrediten el trabajo de defensa de derechos humanos, periodismo y forense de las tres personas defensoras y las organizaciones y redes de las que hacen parte.
Por último, pide una disculpa pública por el espionaje y realizar una reparación integral por el daño ocasionado a las víctimas, incluyendo claras garantías de no repetición para otras personas defensoras, peritos independientes y periodistas.
FUENTE IPS NOTICIAS
