Margarito Molina Rendón, delegado del Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH) en Quintana Roo, reconoció que no hay avances en el proyecto de apertura de la zona arqueológica de Ichcabal en Bacalar, pues no hay presupuesto ni certeza jurídica sobre estos terrenos.
Entrevistado hoy, manifestó que son 104 hectáreas las que corresponden a la Zona Arqueológica, en las que todavía no han logrado acuerdo con el ejido para su aprovechamiento. Aunado a esto, debe existir un estudio de factibilidad para la apertura.
“Si ustedes van a Ixcabal, verán que nos falta mucho trabajo de investigación arqueológica, de liberación de monumentos, y eso por lo menos requiere de un trabajo constante de por lo menos tres años, con un presupuesto mínimo de diez millones (de pesos) por temporada”, aseguró Margarito Molina, director general del Centro INAH Quintana Roo.
Ante este panorama, consideró poco viable que en los meses que resta de la administración de Carlos Joaquín González pueda ser abierta al público la zona arqueológica Ixcabal en Bacalar, tal y como pretendía el Ejecutivo estatal.
El funcionario federal aseguró que el INAH está en buenos términos con el ejido, sin embargo intervienen otras dependencias, como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y Gobierno del Estado, donde tienen propuestas y peticiones que deben de cumplirse.
El delegado especificó que el ejido tiene sus propios proyectos, que tienen que ver con situaciones externas a la zona arqueológica, pero generan economía, como lo son el transporte, restaurantes, guías de turistas, entre otros temas.
En 2018 fueron rotas las relaciones con el ejido porque sus pretensiones económicas eran muy elevadas.
Molina Rendón, detalló que para el caso de la investigación arqueológica se requiere de por lo menos tres años más de trabajos constantes y al menos 30 millones de pesos en este periodo que permitan la liberación de monumentos y otros estudios necesarios. Además de la construcción del camino de 22 kilómetros que está a cargo de la Secretaría de Turismo estatal.
