Suprema Corte admite controversia constitucional promovida por Solidaridad

Es en contra de las reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Playa del Carmen.- Adrián Pérez Vera, síndico Solidaridad, informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento en contra de las reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para mantener la inaplicación de varias obligaciones de esta ley que se mantienen desde 2018.

En entrevista breve, el funcionario municipal resaltó el hecho que la SCJN se haya tardado poco más de 4 meses en admitir esta controversia constitucional.

En ese sentido, recordó que durante el sexenio de Carlos Joaquín González, el Congreso del Estado aprobó una nueva Ley de Asentamientos Humanos en el que se añadía como requisito para desarrollar un estudio de compatibilidad, expedido por el Gobierno del Estado. Además, los ayuntamientos, según estas normas, quedan obligados a otorgar el 20 por ciento de sus áreas de equipamiento el gobierno estatal.

Resaltó que de todos los ayuntamientos, sólo Solidaridad interpuso una controversia constitucional, por considerar que esta ley vulnera su autonomía.

Explicó que la Suprema Corte le dio la razón y en este municipio no se aplican estas exigencias. Sin embargo, con la reciente reforma a la ley, tocaba por trámite nuevamente ingresar este recurso, para mantener la actual inaplicación de estos artículos.

Adrián Pérez Vera dijo confiar que esta controversia terminará en un fallo favorable hacia el municipio, pues mencionó que este recurso constitucional fundamenta de manera convincente el por qué es importante mantener las actuales excepciones a la ley de Solidaridad, ya que implican menos trámites para los ciudadanos, y preservan la autonomía del municipio, en cuanto a las áreas de donación.

“Nosotros consideramos que estás reformas violentan la autonomía hacendaria. Entonces, la SCJN ya la admitió, nosotros quisiéramos que fuera más acelerados, pero son sumamente lentos. Nosotros sabemos que este proceso lo vamos a ganar, y no es pelearse, sino es acatar lo que la ley nos marca y que prevalezca el estado de derecho”, agregó.

El síndico dijo por último que estima que esta controversia sea resuelta lo más pronto posible, pero puede durar hasta 2 años aproximadamente, dado el ritmo con que trabaja y resuelve la máxima la SCJN.