El Poder Judicial de la Federación no ha garantizado un efectivo acceso a la justicia en los litigios contra el “Tren Maya”.
Fonatur ha deforestado más de 144 hectáreas de terrenos forestales, sin contar con las autorizaciones respectivas en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, así como violando diversas medidas cautelares concedidas por diversos órganos jurisdiccionales.
Comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la Península de Yucatán denunciaron que el Poder Judicial de la Federación no ha garantizado un efectivo acceso a la justicia en los litigios que han emprendido en contra el denominado “Tren Maya”.
En conferencia de prensa, representantes de las organizaciones Indignación A.C., Kanan Derechos Humanos A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), así como la abogada y activista Kalycho Escoffié -quienes han acompañado a las personas en los procesos judiciales contra el citado proyecto-, exhibieron que ha prevalecido dilación de los juicios, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables, todo lo cual constituye violaciones a sus derechos humanos.
Desde enero pasado del 2020, comunidades de la Península Yucatán, colectivos y organizaciones de la sociedad civil han interpuesto demandas en contra del “Proyecto de desarrollo Tren Maya”, en las que se reclaman violaciones a sus derechos humanos ambientales, derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas, derecho a la vivienda, derecho a la salud, a la información pública, entre otros.
Sin embargo, después de 15 meses de iniciar los procesos judiciales, algunos amparos siguen a la espera de ser admitidos, puesto que los juzgados han remitido los expedientes de un estado a otro. Uno de estos amparos transitó de los juzgados de CDMX a Campeche, y en Campeche se envió una parte a Quintana Roo y a Yucatán, pues los juzgados argumentaron que no podían conocer del asunto y que les correspondía a otro juzgado.
Cuando finalmente se definió el juzgado competente, el Consejo de la Judicatura Federal, a petición de Nacional Financiera y sin avisar a las promoventes de los amparos, decidió que todos los asuntos relacionados con el Tren Maya fueran conocidos por el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, por lo que ahora, después de más de un año de promovidos, se está a la espera de que la totalidad de actuaciones lleguen a dicho juzgado, para poder tener una admisión completa de la demanda, generando una situación de denegación de justicia.
Asimismo, se han presentado pruebas periciales, solicitud de medidas cautelares y ampliaciones de demanda, sin que hasta el momento el Juzgado Primero de Distrito se haya pronunciado sobre las mismas; esta situación deja sin posibilidad de ejercer su derecho de acceso a la justicia a muchas comunidades, pueblos y colectivos que consideran, con razones sólidas, que el proyecto denominado “Tren Maya” es contrario a los derechos humanos y hace evidente que el Poder Judicial de la Federación se está limitando a si mismo en su actuar en violación al estándar fijado por el Acuerdo de Escazú.
Por otra parte, se realizaron sobrevuelos en los tramos del proyecto “Tren Maya” particularmente en diversos municipios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, observando actividades al margen de la ley, como es el caso de la remoción de vegetación forestal, apertura de caminos y bancos de materiales pétreos, entre otras.
A partir de los resultados de los sobrevuelos, se contrastaron dichas imágenes con las satelitales correspondientes a un año antes, lo que dio como resultado que se han realizado cambios de uso de suelo en terrenos forestales en al menos 144 hectáreas de selva maya. Igualmente, se realizaron solicitudes de información, en la que las propias autoridades indicaron -en respuestas oficiales- que las zonas “no cuentan con permisos de cambios de uso de suelo en terrenos forestales vinculadas al proyecto “Tren Maya”.
Esto constituye una violación directa al derecho a un medio ambiente sano pues, al no existir estudios ni autorizaciones que justifiquen la viabilidad de desmontar terrenos forestales, existen riesgos y daños ambientales que vulneran nuestro derecho fundamental a un medio ambiente sano, sobre todo cuando estos ecosistemas nos brindan servicios ambientales.
Asimismo, de estos sobrevuelos se pudo constatar que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) sigue trabajando en toda la ruta del proyecto realizando actividades que van más allá de rehabilitación de las obras existentes, lo que constituye una violación a las suspensiones que los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados han otorgado a favor de las comunidades, colectivos y organizaciones, en las que se obliga a las autoridades ha abstenerse de ejecutar obras nuevas con relación al proyecto Tren Maya.
Por último, se manifiesta que, aunque se ha modificado el trazo del proyecto en algunas poblaciones como Campeche y Mérida para evitar desalojos, en comunidades mayas continúa el proceso de desalojo forzoso, e incluso se ha presionado a pobladores que han presentado amparos para que entreguen sus terrenos bajo la promesa de recibir después casas nuevas, en la mayoría de los casos sin garantías o convenios que les den certeza jurídica.
¿Dónde están las autorizaciones de impacto ambiental de estos nuevos trazos?
Exigimos que el Poder Judicial garantice el respeto de nuestros derechos humanos y actúe con celeridad y diligencia, pues en los diferentes procesos de defensa que se han interpuesto en la Península de Yucatán están ocurriendo muchas dilaciones procesales, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables.
