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Quintana Roo

Mantienen litigio ciudadanos contra parquímetros de Playa del Carmen

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Playa del Carmen.- Será la próxima semana cuando ya sea revisado el recurso de amparo interpuesto contra el cobro de parquímetros en la ciudad, autorizados en Cabildo por el gobierno de Cristina Torres y posteriormente ratificado por el Congreso del Estado.

Marcos Antonio López Díaz, presidente de la asociación civil “Vecinos Unidos”, señaló que fueron tres los recursos de amparo que fueron ingresados a mediados de 2019, de los cuales solo uno sigue en litigio.

Cabe recordar que los parquímetros fueron aprobados casi en “secreto”, dentro de un plan de movilidad aprobado por el Cabildo de Solidaridad, presidido por Cristina Torres Gómez, en noviembre de 2017. De ahí, pasarían varios meses, hasta las últimas semanas de esta administración, a mediados de 2018, para que fuera firmado el contrato con la empresa Playaparq, y éste fuera enviado al Congreso del Estado.

La XV Legislatura, que incluía a cuatro playenses, avaló esta concesión a 15 años, en diciembre de 2018. De estos cuatro diputados, Juan Carlos Pereyra Escudero la avaló; dos se abstuvieron, Carlos Toledo Medina y Jenny Juárez; en tanto que la independiente Sonia López se ausentó.

Aquí cabe destacar que Carlos Toledo es el hijo del hoy regidor electo “Chano” Toledo, quien incluso encabezó una marcha contra estos parquímetros.

De esta manera, fue hasta mediados de 2019, ya en la administración de Laura Beristain Navarrete que la empresa Playaparq comenzó a marcar los cajones de estacionamiento y espacios para bicicletas de renta, con base en el documento de movilidad avalado por el cabildo anterior.

La asociación civil “Vecinos Unidos” interpuso entonces los recursos de amparo, que Marco Antonio López Díaz indicó que mantienen bajo seguimiento, a través de una abogada. También indicó que estarán vigilantes de que esta empresa no pretenda ampliar su área de operación, cosa que pudieran hacer mediante un segundo contrato.

El activista criticó que esta empresa debe entregar el 25% de sus ingresos como contraprestación al Ayuntamiento de Solidaridad, recursos en los que debe existir transparencia.