Ejidatarios recibirán millonaria indemnización por terrenos expropiados para el Tren Maya

De Chunyaxché, Felipe Carrillo Puerto; El Cafetal y Pedro Antonio de los Santos, ambos de Bacalar

Cancún.- El gobierno federal publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual expropia por “causa de utilidad pública” tierras destinadas a favor de la Sedena y Fonatur para obras federales, correspondientes al Aeropuerto Internacional de Tulum y su base aérea.

Según el decreto, una superficie de mil 521.1 hectáreas de terrenos de temporal de uso común del ejido Chunyaxché y anexos del municipio de Felipe Carrillo Puerto, se destinarán a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para las obras del aeropuerto “Felipe Carrillo Puerto”, así como para una Base Área Militar.

En una asamblea general de ejidatarios se aprobó la celebración del convenio y deposito en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) de los recursos económicos para el pago total anticipado a cuenta de la indemnización que proceda una vez decretada la expropiación.

En el documento se detalla que el monto de la indemnización con base en el valor comercial de la superficie expropiada es de 433 millones 515 mil pesos, según el dictamen valuatorio.

También se aclara que derivado del convenio de ocupación previa, la Sedena depositó ante el Fifonafe las cantidades de 342 millones y 91 millones 526 mil 422 pesos con 18 centavos, con lo que acreditó el pago total de la indemnización.

Por otro lado, también se publicaron hoy los decretos de expropiación de tierras ejidales en El Cafetal y Pedro Antonio de los Santos, ambos del municipio de Bacalar.

Estos terrenos se destinarán a la construcción de obras de infraestructura ferroviaria y operación del proyecto Tren Maya, Tramo 6 Tulum-Chetumal.

En el ejido El Cafetal se expropiaron 102.9 hectáreas a favor de Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V, mediante una asamblea general del ejido celebrada el pasado 10 de julio del 2022 donde se aprobó la celebración del convenio.

En el caso del ejido Pedro Antonio de los Santos se expropiaron 36.58 hectáreas de uso común, en cumplimiento de los artículos 95 de la Ley Agraria y 56 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de Propiedad Rural, según se explica en el documento.

Por estos terrenos el gobierno federal pagará 97.4 millones de pesos a los dos ejidos involucrados.