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Quintana Roo

La historia de un fraude procesal que no prospera

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La habilidad del notario público ¿o el tráfico de influencias? Israel Canto Viana para evadir su audiencia de vinculación a proceso

Playa del Carmen.- Javier Tun Jiménez, abogado que representa a una presunta defraudada informó que será pasado mañana cuando, por quinta ocasión, se intente realizar la audiencia de vinculación para imputar al notario público 102, Israel Canto Viana, del delito de fraude procesal.

En cuatro ocasiones este paso no se llevó a cabo por distintas excusas.

El abogado señaló que luego de un fallido intento de invasión de este terreno por parte de estos despojadores, acudió a la Notaría 98 de Cancún un supuesto apoderado legal del terreno, quien pretendía venderlo a un tercero. Sin embargo, él pudo avisarle a este fedatario que la propietaria no reconocía a tal apoderado, por lo que el notario canceló el trámite.

Esta misma operación fue repetida, pero en la Notaría 102 de Playa del Carmen, de forma que el 20 de julio envía al Registro Público de la Propiedad un aviso de preventivo de compraventa por esta propiedad, el que se hizo efectivo el 11 de agosto.

El abogado Javier Tun Jiménez trató en vano de contactar al notario para indicarle que se trataba de un fraude, pero éste no lo recibió. También el primer fedatario le quiso advertir del fraude, pero fue ignorado.

Por vía WhatsApp, le escribió y le presentó los documentos del terreno, incluido un aseguramiento del folio electrónico por el Ministerio Público, sin resultado. Él acudió a la notaría el 21 de agosto a entregar un oficio, pero no se lo recibieron, por no ser autoridad.

Él le avisó lo ocurrido al agente del Ministerio Público, quien acudió al día siguiente (22 de agosto) a notificar el aseguramiento, pero tampoco fue recibido, pues no pudo presentar su identificación, pese a estar uniformado.

El 24 de agosto fue realizada la compraventa, pero no fue finalizada sino hasta el 30 de agosto. Un día después del inicio del trámite, el MP acudió, ahora sí con identificación, y logró notificar al notario, quien ignoró el oficio y la petición de información.

El 31 de agosto, un día después de quedar finalizada la compraventa, el abogado Javier Tun fue finalmente recibido por el notario Israel Canto Viana, por una orden de la Secretaría de Gobierno.

“Me recibió, pero desde un inicio no me dejó hablar, y con tono sarcástico me preguntó que si era abogado, a lo que contesté que sí, pero él insistió que tenía un sistema avanzado para evitar fraudes”, recordó el querellante.

Un día después de ese encuentro, señala el abogado, él fue amenazado vía telefónica, y esa tarde se enteró que el aseguramiento del folio había sido retirado, por lo que procedió la compraventa.

“De inmediato le hablé al fiscal para preguntar por qué habían retirado el aseguramiento, pero él me afirmó que no lo había hecho”, declaró.

El oficio que fue presentado ante el Registro Público resultó ser apócrifo, con las firmas falsificadas del vicefiscal y del agente del Ministerio Público, por lo que se efectuó una denuncia penal, por fraude procesal.

La escritura que fue entregada también resultó estar compuesta exclusivamente de identidades falsas, tanto del falso “apoderado legal” del terreno, como de los compradores, acompañados de copias de pasaportes apócrifos.

A más de un año de los hechos, finalmente se realizará la audiencia de vinculación contra el notario público que, en opinión del abogado, traicionó la fe pública que le fue conferida por el Gobierno del Estado.

“No puede alegar nada; no puede decir que ‘lo chamaquearon’, obra en el expediente la notificación que le fue hecha no solo por mi persona y por otro notario, sino por la autoridad misma, el Ministerio Público.

También parece ser un mago, porque el aviso sobre el folio fue emitido el 20 de julio, pero es hasta el 20 de agosto que le solicitan un poder de cobranzas y actos de dominio, para efectuar esta transacción, ¿cómo sabía?”, cuestionó el abogado.

La audiencia debía realizarse el 3 de septiembre, pero en esa fecha el imputado aseguró estar enfermo, con COVID-19. Un mes después, en la segunda fecha faltó un juez. Eso llevó a una tercera fecha de audiencia, en donde el notario dijo no tener abogado. Por cuarta ocasión, se intentó realizar esta misma audiencia de vinculación, pero nuevamente faltó un juez.

La siguiente fecha es en dos días, el 9 de septiembre. El abogado espera que esta vez sí pueda ser llevada a cabo.

Cuestionado por un posible tráfico de influencias para evitar las audiencias, Tun Jiménez dijo que hasta que sepa el resultado de la audiencia, no puede opinar, ya que no le corresponde prejuzgar.

Eso sí, afirmó que se trataba de un delito que se persigue de oficio, y en esas instancias, la responsabilidad de llevar a cabo la justicia es del Estado.

“Abusó de la fe pública y armó todo de forma fraudulenta”, aseveró. “El tema lo pienso llevar hasta el Tribunal Unitario, o hasta más allá. No podemos permitir más impunidad”.

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